El pasado 20 de diciembre,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) hizo pública la sentencia en
contra del estado mexicano por violar, hace
casi 10 años,
los derechos humanos de los campesinos Rodolfo
Montiel y Teodoro Cabrera, líderes
y fundadores de la organización Campesinos
Ecologistas de la Sierra de Petatlán
y Coyuca de Catalán.
A casi 10 años de
ocurridos los hechos, la sentencia de la CIDH
representa un importante precedente para la
defensa de los derechos humanos y ambientales
de los campesinos ecologistas frente a una
historia de desprotección, violencia
e impunidad en la defensa del medio ambiente
en nuestro país. En el veredicto se
ordena al Estado mexicano que ejecute, en
los plazos establecidos por la corte, la reparación
del daño ocasionado a los campesinos
y los indemnice económicamente. La
corte también pidió que se investiguen
los actos de tortura que denunciaron los campesinos
ecologistas y recomendó adoptar reformas
legislativas que permitan impugnar la intervención
del fuero militar.
En 1999, Cabrera y Montiel
se opusieron a la explotación desmedida
de los recursos forestales en la Sierra de
Petatlán por la empresa Boise Cascade,
ya que esta compañía estaba
acabando con los bosques de la región
y con los beneficios que éstos proveían
a la comunidad.
Como resultado, el 2 de
mayo de 1999, Rodolfo y Teodoro fueron detenidos
por miembros del ejército mexicano
sin orden judicial. Fueron torturados e incomunicados
durante cinco días a fin de que se
declararan culpables de portar armas de uso
exclusivo del ejército, cosechar marihuana
y estar vinculados con el Ejército
Popular Revolucionario (EPR). Tras permanecer
dos años y medio en prisión,
fueron liberados por "razones humanitarias",
pero la justicia mexicana no reconoció
su inocencia, a pesar de que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció
las irregularidades del caso y las violaciones
de sus derechos elementales.
Por su labor ambientalista
Rodolfo Montiel ha recibido diversos reconocimientos,
entre ellos el Premio Goldman máximo
premio internacional a la defensa ambiental,
en el año 2000.
Desde ese año, Greenpeace
ha dado seguimiento al caso de Rodolfo y Teodoro,
acompañando el trabajo de otras organizaciones
como el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
para su liberación, y en demanda de
justicia, a fin de garantizar su seguridad
y detener la tala clandestina en la zona.
Casos de represión
y violencia contra activistas y defensores
de los bosques, como el de Rodolfo y Teodoro,
se repiten en diversas zonas del país:
Hermenegildo Rivas e Isidro Baldenegro, en
Coloradas de la Virgen, Chihuahua; el caso
de Felipe Arriaga, fundador de la Organización
de Campesinos Ecologistas de la Sierra de
Petatlán y Coyuca de Catalán
en Guerrero, fallecido en un accidente de
tránsito en circunstancias sospechosas
en septiembre de 2009; Albertano Peñalosa,
también en Guerrero; Aldo Zamora, en
San Juan Atzingo, Estado de México;
entre otros.
Greenpeace se congratula
de tan importante sentencia, que fortalece
la lucha ambiental, y espera el pronto cumplimiento
de los resolutivos emitidos por la Corte por
parte del gobierno mexicano.
+ Más
Japón reconoce tráfico
con carne de ballena
Después de 2 años
y medio de lucha para demostrar que sí
existe corrupción en el programa de
carne de ballena en el gobierno japonés,
la Agencia de Pesca admitió ayer que
cinco de sus funcionarios habían recibido
y comercializado carne de ballena de manera
clandestina, violando los procedimientos establecidos
por el programa de caza de cetáceos,
como lo había denunciado Greenpeace
en 2008.
Los funcionarios japoneses
reconocieron que recibieron la carne de ballena
violando el código de ética
del programa nacional de funcionarios del
servicio público y ahora han sido sometidos
ahora a un castigo disciplinario.
Tras la noticia, Junichi
Sato, director Ejecutivo de Greenpeace Japón,
señaló que la decisión
de Japón de aplicar sanciones disciplinarias
a sus funcionarios es un avance, pero advirtió
que la corrupción en el programa de
caza de ballenas es mucho más grande
e institucionalizada.
Sato, junto con Toru Suzuki,
fueron detenidos y acusados en 2008 de haber
robado carne de ballena para presentarla como
evidencia del tráfico existente en
el programa de caza que realiza Japón,
cuando la evidencia se obtuvo por medio de
informantes que confirmaron la existencia
de esta red de venta ilegal de carne.
Greenpeace ha logrado frenar
la demanda de la carne de ballena en el mercado
japonés trabajando con los supermercados
y los minoristas japoneses. Esto ha mermado
financieramente en el programa de caza de
ballenas, pero ahora, el reconocimiento de
la corrupción golpeará la credibilidad
en este proyecto. Este es el momento en que
los contribuyentes japoneses deben exigir
al gobierno que detenga el financiamiento
para la caza de cetáceos.
El hecho de que la Agencia de Pesca admita
y se disculpe por la corrupción en
el escándalo por el tráfico
de carne de ballena, debe tener un gran impacto
en el juicio contra Junichi y Toru, quienes
están aún a la espera de la
fecha para la audiencia del Tribunal Superior,
que debe pronunciarse sobre este caso. En
septiembre pasado, el Tribunal de Distrito
de Aomori retiró una pena de un año
de carcel a los dos activistas de Greenpeace,
pero mantuvo el cargo de robo.
Greenpeace exige que se
amplie la investigación a terceros
involucrados en este escándalo para
revelar el verdadero rostro del programa de
caza de ballenas.
+ Más
Greenpeace valora reducción
de cuota de captura del jurel para el 2011
La organización planteó
además la necesidad de modificar la
ley para que crisis como la actual se eviten
con una mirada de largo plazo.
La oficina de Greenpeace en Chile celebró
que se respetara la reducción de la
cuota de pesca del jurel, la cual alcanzó
el 76%, reduciéndola desde 1.300.000
a 315.000 toneladas, cómo fue propuesta
por la Subsecretaría de Pesca para
su aprobación por el Consejo Nacional
de Pesca y que se haya respetado el consejo
científico, adopción que había
sido solicitada en varias ocasiones durante
este año por la organización.
“La coherencia expresada
por el gobierno y la industria pesquera sobre
el crítico estado del jurel es un paso
adelante en la conservación de los
recursos pesqueros”, señaló
Samuel Leiva Coordinador de Campaña
de Greenpeace Chile.
Para Greenpeace, las reducciones
históricas que se han aprobado por
el Consejo Nacional de Pesca son una consecuencia
expresa de la crisis actual de las pesquerías
nacionales que dan cuenta de que el 40% de
éstas se encuentran actualmente sobre-explotadas
y apunta directamente al propio Consejo como
el responsable, debido que el consejo había
estado aprobando cuotas por sobre lo recomendado
por los científicos durante los últimos
8 años, lo que ha llevado a las pesquerías
a su estado actual.
En la organización
ambiental esperan que este comportamiento
no sea un tema pasajero. Para ello, propone
un cambio en la ley para que la toma de decisiones
tenga un enfoque ecosistémico y no
comercial solamente.
En ese sentido Leiva dijo
que “la causa de la reducción de la
cuota del jurel es debido a un mal manejo
pesquero por el Consejo Nacional de Pesca,
la Subsecretaría de Pesca y por la
falta de regulaciones basadas en la conservación
en aguas internacionales”.
El Subsecretario de Pesca,
Pablo Galilea propuso la reducción
especialmente con el objetivo de incentivar
a los pesqueros industriales chilenos y la
flota extranjera que pesca fuera de las 200
millas de zona económica exclusiva,
como la perteneciente a la Unión Europea,
la República Popular China, y la Federación
Rusa a que ellas también reduzcan sus
capturas.
“Desde que pedimos una significativa
reducción de la cuota a todos los actores
en el pacífico sur, en noviembre de
2009, hemos estado esperando que se tomen
este tipo de medidas, ahora el desafío
es que se haga también por los actores
internacionales”, agregó el coordinador
de Greenpeace.
El llamado a la reducción
de las cuotas no ha sido originado en el Gobierno
nada más, sino que es la petición
que hizo el grupo de expertos científicos
de la Organización Regional de Pesca
del Pacífico Sur hace un mes, en la
reunión que sostuvieron en Viña
del Mar, donde propusieron que se reduzca
la cuota de manera drástica. En enero
próximo, en Cali, Colombia, los estados
que tienen flotas pescando en aguas internacionales
deberán ponerse de acuerdo en reducir
las cuotas de pesca al igual como lo ha hecho
Chile. De otra manera, el esfuerzo nacional
podría ser estéril.
De las pesquerías
que se encuentran sobre-explotadas, la reducción
más significativa aprobada por el Consejo
Nacional de Pesca fue sin duda el Jurel, pero
dentro de las otras pesquerías en similar
estado se encuentran la merluza común,
que quedó con 48.000 toneladas reduciendo
un 13%; y la merluza del sur, con 24.000 toneladas
y una reducción de en un 8%.
“La reducción de
las cuotas es el primer paso para que se recuperen
las pesquerías, debido a que también
es necesario avanzar en otras medidas de conservación,
abandonando el uso de técnicas de pesca
destructivas como el arrastre y como la creación
de una red de parques marinos que cubran al
menos el 10% de la zona económica exclusiva”,
dijo finalmente el experto de Greenpeace.
Greenpeace llama a Consejo Nacional de Pesca
a respetar cuotas de captura propuestas por
el Gobierno.
Este jueves se decidirá
las cuotas de extracción para el 2011.
El Consejo Nacional de Pesca
(CNP) se reunirá el jueves 9 de diciembre
con la intención de aprobar o rechazar
las cuotas globales anuales de captura que
el próximo año se podrán
pescar. Esto pues la entidad se reunió
la semana pasada, pero no obtuvo quórum
de asistencia para que se desarrollara la
votación en todas las pesquerías.
Según señaló
el ministro de Economía Juan Andrés
Fontaine ante el Congreso y el propio CNP,
durante 2010 el 40% de las pesquerías
que se analizaron están sobre-explotadas,
aclarando que de no reducir los criterios
máximos de captura, el colapso en este
sector económico es inminente.
La situación es bastante
grave, porque en el caso de la pesquería
más importante para Chile, el jurel,
esta reducción planteada por el Gobierno,
según notas de prensa, alcanzaría
alrededor del 76%, bajando la cuota desde
1.3 millones de toneladas a sólo 312.000
toneladas el 2011. Esta cuota está
dividida entre los pescadores industriales
(95%) y los artesanales (5%).
Sin embargo, la tarea para
la Subpesca no es fácil, debido a que
según el artículo 3 de la ley
de Límite Máximo de Captura
por Armador (N° 19.713), se establece
que “en el evento que el CNP no apruebe la
cuota global anual de captura propuesta por
la Subpesca, para el año siguiente
regirá automáticamente el 80%
de la cuota global anual de captura establecida
para el año inmediatamente anterior
de esa unidad de pesquería.” Por lo
tanto de no lograr acuerdo en el CNP, la industria
pesquera podría usar este resquicio
legal y quedarse con una cuota muy superior
a la propuesta por la autoridad, la cual bordearía
el millón de toneladas.
“El gobierno tiene que ser
coherente con la situación que se encuentran
las pesquerías nacionales, y no debería
permitir que se aprueben cuotas mayores a
las recomendadas por sus propios científicos”,
señaló Samuel Leiva, Coordinador
de Campañas de Greenpeace en Chile.
“Hacemos un fuerte llamado
a los integrantes del Consejo Nacional de
Pesca a que se hagan cargo de su sistemático
error durante estos últimos 8 años,
pues han sido ellos los que han aumentado
las cuotas por sobre los límites sustentables
llevándonos a esta situación”,
enfatizó el experto de Greenpeace.
La reducción de cuotas
globales de captura podría crear varios
problemas a lo largo del país, principalmente
por lo que significa en las economías
locales y el empleo, pero a juicio de la organización
ambiental “estos empleos lamentablemente han
sido inflados de manera muy irresponsable,
aumentando las ganancias de las industrias,
pero a la vez poniendo en riesgo estos mismos
empleos a largo plazo. Si queremos realmente
tener una industria pesquera sostenible, es
necesario respetar esta reducción de
las cuotas para darle una oportunidad de recuperación
a los stocks y asegurar de paso, los empleos
de mucha gente, la economía nacional
y el cuidado del medio ambiente marino”.
En tanto Matías Asún,
director ejecutivo de Greenpeace en Chile,
señaló que “Uno de los deberes
esenciales del estado es regular el comportamiento
de los actores privados. Si no se llega a
acuerdo sobre la reducción de cuotas
sería desastroso para la estabilidad
de nuestros ecosistemas. El que la ley permita
que las atribuciones del Estado queden en
manos del Consejo genera un incentivo perverso
para que se obvien las recomendaciones de
reducción que expertos científicos
y autoridades pesqueras han considerado como
necesarias”.
La subsecretaría
de Pesca no sólo expondrá esta
reducción de cuota del jurel ante la
industria pesquera nacional, sino que también
deberá hacerlo ante los países
que han estado negociando la creación
de la “Convención sobre la Conservación
y Ordenación de los Recursos Pesqueros
de Alta Mar del Pacífico Sur”, los
cuales se reunirán en Cali, Colombia,
la última semana de enero de 2011.
La estrategia del Gobierno es que la reducción
planteada sobre el jurel internamente en Chile
haga eco en los países que pescan este
recurso en alta mar, los cuales también
deberían aprobar una reducción
de las cuotas de pesca.
“Si Chile quiere argumentar
esta reducción ante los otros países
que actualmente están pescando jurel,
deberá hacerlo con el ejemplo, no sólo
con la intención gubernamental de reducción,
porque es absolutamente necesario que la industria
pesquera también haga su parte por
el futuro de la pesquería, este esfuerzo
además debe estar acompañado
por la ratificación de la convención,
la cual brindara un marco legal robusto para
la asignación de cuotas que respeten
el consejo científico y no tengamos
que lamentar la situación de sobre-explotación
actual en el futuro”, concluyó Leiva.
Documentos:
•Estado de las principales pesquerías
nacionales. Aspectos biológico-pesqueros
- Gobierno de Chile, Subpesca
•¿Qué factores afectan el proceso
de toma de decisiones cuando se establecen
las cuotas globales de captura? El caso de
las pesquerías chilenas. - Carlos P.
Leal, Renato A. Quiñones, Carlos Chávez
