Publicado el 20 enero 2014 | SEO/BirdLife, WWF España, SECEM, ACENVA, GREFA y la Federación de Caza de Castilla y León muestran su oposición al uso de veneno y denuncian que las consecuencias sanitarias y sobre las biodiversidad y el patrimonio cinegético de la región serán responsabilidad de la administración regional.

Las organizaciones recuerdan que no hay plaga de topillos y que el reparto de veneno por la Consejería de Agricultura supondría la responsabilidad de esta en un nuevo atentado contra la biodiversidad y al patrimonio cinegético de Castilla y León.

Recientemente, las ONG ambientales denunciaban ante el SEPRONA el uso de grano envenenado en la superficie de varias parcelas en la provincia de Palencia, donde además se encontró una oveja muerta. Recuerdan que el uso de veneno en superficie es ilegal según la normativa existente, por los graves riesgos que ocasiona.

Necesidad de vigilar el uso de rodenticidas

Estas organizaciones ya alertaron hace unos días de la compra de ‘forma preventiva’ en noviembre de 48 toneladas de grano envenenado por parte de la Junta (a las que acaban de añadirse otras 96 nuevas toneladas) a pesar de la no existencia de una plaga, denunciando también la existencia de importantes cantidades de veneno almacenadas por particulares y entidades locales en años anteriores que no han sido retiradas y que pueden volver a ser utilizadas en cualquier momento de forma indiscriminada e ilegal. En este sentido, solicitarán a sus afiliados que colaboren en la detección de uso ilegal de veneno y denunciarán ante el SEPRONA y las autoridades la presencia de veneno en superficie o de cualquier animal muerto sospechoso de haber sido envenenado.

Resaltan que no se puede permitir el uso indiscriminado y sin control en el medio rural de potentes tóxicos rodenticidas, como la bromadiolona, porque produce graves daños ambientales y riesgos sanitarios. Entre ellos, envenenamiento masivo de especies cinegéticas, como liebres, palomas o perdices que, además, entran en la cadena de consumo humano. También señalan que puede producirse intoxicación de ganado ovino y mortalidad de otras numerosas especies, incluyendo algunas en peligro de extinción en la Comunidad Autónoma, como el milano real.

ONG y cazadores han pedido a la Consejera de Agricultura que deje de utilizar el tratamiento químico, ya que las poblaciones de topillos disminuyen por sí solas de forma natural a lo largo del invierno. “Este sí es un hecho científico demostrado y comprobado en Castilla y León, en 1998, 2008, 2012 y que está ocurriendo en la actualidad”, afirman.

Estos tratamientos innecesarios y reiterados posiblemente han llevado a un repunte más rápido (cada dos años) en las zonas más frecuentemente tratadas (como Palencia centro y sur) al eliminar a sus depredadores naturales, entre ellos zorros y aves rapaces, que mueren intoxicados al comer los roedores envenenados. Por lo tanto, se debería desautorizar completamente el uso de tóxicos y nunca utilizarlos en superficie, ya que su uso sólo se permite legalmente introduciéndolo en los túneles de los topillos. En este sentido, ONG y cazadores recuerdan que la Ley de Sanidad Vegetal considera una infracción muy grave, con sanciones entre 120.001 y 3.000.000€, la manipulación y uso o utilización de fitosanitarios (como son los rodenticdas) no autorizados, o de los autorizados sin respetar los requisitos establecidos para ello cuando suponga un riesgo muy grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente.

Otras medidas posibles

Las organizaciones también destacan el claro contraste entre el apoyo oficial a la alta inversión económica en veneno y el poco respaldo que se está dando a otras técnicas alternativas que están demostrando su utilidad, como el control biológico mediante la instalación de cajas-nido para rapaces, así como a la conservación de los hábitats lineales en medio agrario (incremento de anchura de linderas, creación y conservación de setos, mantenimiento de vegetación riparia, que mantiene poblaciones estables de predadores de roedores etc.). También es muy destacable el escaso apoyo a cambiar el manejo agrícola, en especial el de las alfalfas de regadío, como principal reservorio del topillo en las comarcas agrícolas de Castilla y León.

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Según WWF, el acuerdo sobre subsidios pesqueros en la UE podría minar los avances contra la sobrepesca

Publicado el 29 enero 2014 | Los equipos de negociación del Parlamento Europeo, del Consejo de Agricultura y Pesca y de la Comisión Europea llegaron ayer a un acuerdo político sobre la forma de repartir los 6,7 millones de euros de subsidios a la industria pesquera de la UE.

Los eurodiputados y la presidencia griega que negociaron este reparto lograron también ponerse de acuerdo sobre algunas medidas clave que introducirán una mayor responsabilidad en la pesca y contribuirán a una progresiva recuperación de las poblaciones de peces.

Sin embargo, a pesar de algunas medidas positivas, WWF está profundamente decepcionado con la decisión tomada en relación a las subvenciones para modernizar motores de buques pesqueros, incluidos los arrastreros, lo que podría obstaculizar los esfuerzos para ajustar la capacidad pesquera y poner fin a la sobrepesca.

Estas medidas suponen que:

• Los barcos de hasta 12 m. contarán con ayudas para sustituir los motores por otros de potencia similar.
• Los barcos de entre 12 a 18 m. recibirán subvenciones si los nuevos motores son un 20% menos potentes que los originales.
• Los buques de más de 18 m. obtendrán financiación para nuevos motores si reducen su potencia en un 30%.

A pesar de este revés, no volverán las subvenciones para la construcción de nuevos buques. En lugar las ayudas irán a un paquete de puestos de trabajo para los pescadores jóvenes y formación para conseguir prácticas de pesca más sostenibles que son esenciales para las comunidades pesqueras.

Además, se decidió aumentar la inversión en la recogida de datos, control y aplicación de la ley, algo que dará a las autoridades pesqueras una oportunidad de luchar contra la pesca ilegal, que representa casi el 40 % de los desembarques y evaluar un mayor número de pesquerías.

Según Tony Long, Director de la Oficina de Política Europea de WWF: "En la actualidad la situación es grave. Un 40% de las pesquerías atlánticas evaluadas y un 94% de las mediterráneas están sobreexplotadas. A pesar de los planes imprudentes para subvencionar la modernización de los motores, se han tomado decisiones que darán a las poblaciones de peces diezmadas una oportunidad de recuperarse. Esperamos que finalmente esto ayude a asegurar un futuro a largo plazo para las comunidades costeras que dependen de la pesca para su subsistir, y para los consumidores que dependen del pescado como fuente saludable de alimentación".

Por su parte, Raúl García, coordinador de pesquerías de WWF España, comentó: “el regreso de las ayudas a la renovación de motores es un viaje al pasado. Su uso ya se mostró especialmente nocivo en España antes de 2002; especialmente en el Mediterráneo, convirtiéndose en el principal problema para sus pesquerías. Y añadió: “ahora, los Estados Miembros y el sector pesquero deben hacer el uso más responsable y sacar el máximo provecho de los subsidios más positivos, para asegurar que se alcanzan los objetivos de gestión y conservación de la nueva PCP”.

Y recuerda: "Los avances que se han realizado se deben, tanto al Parlamento Europeo, como a la sociedad civil, que han estado luchando por un cambio en el rumbo de la Política Pesquera Europea”.